Javier Milei hablaba ante empresarios en Washington mientras, a más de ocho mil kilómetros, Buenos Aires era un hervidero de tensiones superpuestas.
En los alrededores del Congreso la masividad de la quinta Marcha Federal Universitaria derivaba en pedradas de encapuchados, corridas por las calles porteñas, gases lacrimógenos y camiones hidrantes. De esa manera se empañaba una protesta que hasta los más oficialistas no dudaban en calificar de “legítima” y que incluía la defensa de la Ley de Tierras y reclamos por la emergencia en discapacidad y el endeudamiento de las familias. El Gobierno intentó vincular la movilización a una jugada opositora, defendió el accionar de las fuerzas de seguridad, denunció a los violentos y dejó en claro que no tiene la intención de retroceder en su batalla cultural: en esas horas, la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) publicó una resolución que obliga a todas las universidades nacionales a presentar sus planes de auditoría interna antes del 31 de octubre.
