Todavía resonaban los ecos de las palabras del Papa cuando en la mañana del jueves se activó la orden que bajó el Gobierno para acelerar el tratamiento del proyecto que puede definir el último trayecto de su gestión: la suspensión de las PASO. En su debate no solo se pone en juego el sistema de elección de candidatos para el año próximo, sino también la capacidad de lograr acuerdos con los gobernadores, de dar mensajes de previsibilidad que calmen a los mercados y hasta de evitar una fractura interna. Se trata incluso de una señal de gobernabilidad.
Es la ley que puede marcar el inicio de una recuperación, o el principio de la declinación. Así como la trabajosa aprobación de la ley Bases le dio el impulso original a la administración de Javier Milei (y su fracaso hubiese derivado en una crisis de poder anticipada), esta iniciativa es la que definirá el carácter que tendrá el tramo final de su mandato. El propio Gobierno fue el que la sobrecargó con estas interpretaciones.
El que primero apretó el acelerador fue Martín Menem, quien declaró que “en las próximas dos semanas, si Dios quiere, tendríamos que estar avanzando con la media sanción” de las PASO en el Senado. Poco después, el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, el libertario Agustín Coto, convocó a una reunión para el martes, a fin de emitir dictamen.
