Los incidentes ocurrieron el jueves poco antes de las 16 en la zona de Rivadavia entre Callao y Rodríguez Peña, cuando un grupo de personas encapuchadas arrojó piedras y objetos contra la formación que custodiaba el vallado legislativo. Gendarmería respondió con gases lacrimógenos, balas de goma y un camión hidrante. Según la Policía de la Ciudad, seis personas fueron detenidas durante los enfrentamientos, entre ellas dos menores de 14 y 17 años. El Gobierno nacional informó de 25 arrestos adicionales en estaciones de tren, sumando 31 detenidos en total.

El operativo dejó un saldo de ocho efectivos heridos: cuatro de Gendarmería Nacional, dos de la Policía Federal y dos de Prefectura Naval. El SAME atendió a dos civiles durante los incidentes, incluida una mujer de 57 años con sospecha de accidente cerebrovascular trasladada al Hospital Ramos Mejía. El gas lacrimógeno llegó hasta el anexo del Congreso, afectando a empleados del edificio y varios diputados que debieron retirarse.

La marcha reunió a miles de personas para reclamar por la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario, ratificada cinco veces por el Congreso pero cuya implementación sigue bloqueada por el gobierno de Javier Milei. El acto central se desarrolló en otro sector de la plaza, donde los organizadores leyeron un documento en el que también pidieron la derogación del DNU 70/2023 y expresaron objeciones al presupuesto 2027.

Los manifestantes que protagonizaron los disturbios portaban máscaras, cascos y banderas de partidos de izquierda, diferenciándose de los estudiantes, docentes y trabajadores universitarios que participaron pacíficamente de la marcha. Durante los enfrentamientos hubo escenas de tensión: algunos manifestantes recogían los gases lanzados por Gendarmería, los sumergían en agua e intentaban devolverlos.

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, condenó los incidentes, responsabilizó a "los mismos violentos de siempre", anunció una denuncia penal por resistencia y atentado contra la autoridad, daño agravado y atentado contra el orden constitucional, y sostuvo que "el derecho a manifestarse no es un permiso para ejercer la violencia". El legislador Germán Martínez (UP), en cambio, cuestionó el operativo policial y afirmó que la marcha venía pacífica.