• Qué decidió la Cámara: la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal habilitó dos apelaciones del Gobierno en la causa por la Ley de Financiamiento Universitario.
  • Qué se va a revisar: si la cautelar que obliga a cumplir la ley sigue vigente, y la intimación a cumplirla en cinco días bajo pena de multas diarias.
  • Qué no se resolvió: si el Gobierno cumple o no la ley. La Cámara aclaró que no adelanta opinión sobre eso.
  • Cuándo: la resolución es del martes 20 de octubre de 2026.

Qué resolvió la Cámara

El juez de primera instancia, Martín Cormick, le había negado al Ministerio de Capital Humano la posibilidad de apelar. Los camaristas Sergio Fernández, José Luis López Castiñeira y Jorge Eduardo Morán revirtieron esa decisión.

Según Infobae, concluyeron que dejar al Estado sin apelación, con multas en curso, le causaba un perjuicio irreparable. La causa vuelve ahora al juzgado de primera instancia para que tramite el recurso.

La apelación quedó concedida “en relación”. En la Casa Rosada interpretan que, mientras tanto, la medida quedó suspendida, según Infobae.

La multa a Santilli

La semana anterior, Cormick había fijado una multa de $100.000 por día por el incumplimiento de la cautelar, a cargo del jefe de Gabinete, Diego Santilli. También le había dado al Gobierno cinco días para cumplir.

Según Clarín, la Cámara ya había suspendido esa multa de forma provisoria por otra apelación de Capital Humano.

Qué argumenta el Gobierno

Capital Humano sostiene que ya cumple la ley. Plantea que los aumentos salariales entre diciembre de 2023 y agosto de 2025 superaron la inflación. También, que las becas alcanzadas son las del Programa 26, como las Manuel Belgrano, y no las Progresar.

Según Clarín, los abogados del Ministerio mencionaron un aumento del 21,33% sobre los sueldos de mayo. El Gobierno también sostiene que la cautelar tenía un plazo que ya venció. Calificó la orden de “manda judicial imprecisa, genérica, omisiva y sin datos ciertos”.

“La vamos a seguir a muerte”, dijeron a Infobae fuentes del Ministerio.

El origen de la causa

El amparo lo presentaron el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otras instituciones contra el Decreto 759/25. Según Clarín, la cautelar fue confirmada por la Cámara y por la Corte Suprema.

El reclamo por la ley ya motivó cinco marchas federales universitarias. La última, el jueves 15 de octubre, terminó con incidentes y 31 detenidos frente al Congreso.

El debate en Diputados

El tema llegó a la discusión del Presupuesto 2027. El martes 20, en la comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, dijo que “el Ejecutivo está a derecho”.

Álvarez calificó de “fantochada” el reclamo del CIN de $11 billones, frente a los $7,7 billones previstos para 2027. En esa misma reunión, los diputados Carlos Castagneto y Andrés Leone casi se van a las manos. El opositor Itai Hagman pidió sumar a la comunidad universitaria al debate.