El Consejo Profesional de Química de la Provincia de Buenos Aires inició una acción institucional para conocer qué controles realizan los municipios sobre arsénico en el agua potable. El organismo remitió notas a las comunas donde el mapa de arsénico del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), actualizado en 2025, identificó concentraciones elevadas. En Vicente López se detectaron 117 microgramos por litro (µg/L), según informó infomiba.com.ar.
El Código Alimentario Argentino establece un máximo de 10 µg/L para el arsénico en agua potable, aunque contempla una excepción de hasta 50 µg/L en regiones con suelos de alto contenido de arsénico. La Organización Mundial de la Salud también fija en 10 µg/L su valor guía provisional. El registro de Vicente López supera ampliamente ambos límites. El Consejo aclaró que estos valores corresponden a puntos de muestreo específicos y no deben extenderse automáticamente a toda la red de abastecimiento municipal.
El organismo solicitó a los municipios detalles sobre la frecuencia de los monitoreos, resultados de análisis recientes, identificación de fuentes con valores elevados, medidas preventivas adoptadas, programas de seguimiento y recomendaciones comunicadas a la población. El Consejo sostuvo que la presencia natural de arsénico no puede traducirse en ausencia de controles ni en falta de información para las comunidades potencialmente expuestas.
En otros puntos del territorio bonaerense se registraron concentraciones aún mayores: Guaminí con 295 µg/L, San Vicente con 163, Partido de la Costa con 147 y Monte con 146, según informó abcsaladillo.com.ar. En el Área Metropolitana también aparecen Ezeiza con 96 µg/L, General Rodríguez con 67 y Almirante Brown con 56.
El antecedente de Bragado, donde la Corte Suprema obligó recientemente a ABSA a realizar obras para garantizar la calidad del agua tras años de denuncias sobre arsénico elevado, pone en perspectiva la importancia del tema. El Consejo consideró que este caso demuestra que la calidad del agua es una obligación concreta de los responsables del servicio y de las autoridades públicas.

