No está todavía en la discusión pública, atravesada por las negociaciones alrededor de la suspensión de las PASO y el Presupuesto 2027, pero hay un trabajo silencioso de legisladores, operadores y empresarios cada vez más preocupados por la crisis de un rubro tan sensible como el de la salud. Es tan compleja la situación que, según fuentes del sector, hay un universo de unas 5.000 clínicas y sanatorios privados que corre serios riesgos si no se prorroga la emergencia sanitaria que está vigente desde la crisis de 2001 y que les permitió evitar el pago de aportes y contribuciones sin ser embargadas. Sin esa ayuda, el sistema de la seguridad social estaría al borde de la quiebra.
“La situación es preocupante”, aseguraron desde una de las principales prepagas que, sin embargo, tiene más espalda que el resto.
El Congreso debe definir a fin de año si se vuelve a prorrogar la Emergencia por la que todavía subsisten los prestadores que atienden a afiliados del PAMI, de las obras sociales provinciales y sindicales, y de la medicina prepaga. Según informes de las cámaras, la brecha entre los costos y los ingresos de las clínicas y los sanatorios llegó al 57% en diciembre del 2023, y con la desregulación de las prepagas y la desaceleración inflacionaria se estancó en un 26% en la actualidad: “El sector prestador está en un equilibrio precario y desigual, se recuperó donde dominan las prepagas y sigue atrasado donde dependen del PAMI y las obras sociales, especialmente en el interior”.
