Un colectivo que va y viene por el área metropolitana se lleva, en promedio, unos $12 millones de subsidio por mes. Son algo más de $400.000 por día, que debería multiplicarse por las 16.700 unidades del sistema. Así la cuenta trepa a alrededor de $208.000 millones mensuales. Quien quiera entender por qué los dueños de los colectivos terminaron denunciándose entre ellos en Comodoro Py tiene que empezar por ese número.
Sobre esa caja cayó el viernes la resolución 83 de la Secretaría de Transporte, que toca nada más y nada menos que un premio: 30% extra en la tarifa con la que se calcula el subsidio para quien ponga a circular en la calle un colectivo a gas natural comprimido (GNC). Llevado al promedio, ese plus equivale a unos $3,6 millones más por mes por cada unidad.
Hasta ahí, un incentivo como tantos. El problema es que la plata a repartir es un número cerrado. Si el que compra un coche a gas cobra más, el que sigue con gasoil cobra menos. No hay otra ventanilla. Ese es el corazón de un conflicto que arrancó como una discusión de planillas y terminó con empresarios acusándose de estafa.
