• Qué pasó: el Gobierno reformula el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, conocido como Ley Malvinas, después de que Estados Unidos admitiera su preocupación por las sanciones a empresas.
  • El cambio central: las sanciones alcanzarían solo a operadoras, licenciatarias, proveedores y accionistas directos de los proyectos en las islas. Quedarían afuera los fondos de inversión indirectos.
  • Qué sigue: el oficialismo buscará dictamen el martes 27 de octubre en el plenario de comisiones de Diputados.
  • La duda: no está claro que haya firmas suficientes. Los aliados todavía condicionan su apoyo.

Qué dijo Estados Unidos

El jueves 22 de octubre, el vicesecretario de Estado Christopher Landau dio una conferencia de prensa junto al canciller Pablo Quirno, en el Palacio San Martín. Dijo que Washington está "viendo los intereses de nuestras empresas" y que es natural que cualquier país se preocupe por eso.

También aclaró que su país respeta "el proceso legislativo de la gran nación argentina". Al día siguiente, Milei recibió a Landau en la Casa Rosada.

Quirno había desmentido antes una nota de Clarín sobre esa preocupación. En la conferencia, en cambio, dijo que "hoy existe una ley que el gobierno argentino considera que tiene que ser mejorada". Según Perfil, el embajador Peter Lamelas ya había advertido a funcionarios que empresas de su país podían dejar de invertir en la Argentina.

Por qué preocupa el proyecto a Washington

El Poder Ejecutivo envió el proyecto al Congreso el 17 de septiembre. Busca sancionar a las empresas que exploten recursos naturales de las islas sin autorización argentina.

En la mira está el proyecto petrolero Sea Lion, de la británica Rockhopper y la israelí Navitas. Pero en la redacción original, las penas también podían alcanzar a sus socios en otros negocios, incluidos fondos de inversión estadounidenses. Según La Nación, Washington consideró esa redacción demasiado laxa y pidió delimitar los tipos penales.

La presión no llega solo de Washington. El primer ministro británico, Andy Burnham, se quejó ante Trump por las "medidas coercitivas" de la Argentina.

Qué cambios se negocian

Según Perfil, estos son los puntos que el oficialismo está dispuesto a modificar:

  • Sanciones: limitadas a operadoras directas, licenciatarias, proveedores y accionistas directos. Se excluye a los fondos indirectos.
  • Consejo de Seguridad Nacional: se analiza sumar al Ministerio de Seguridad como miembro permanente. Martín Menem impulsa dar dos lugares al Congreso: el presidente de Diputados y el provisional del Senado.
  • Control parlamentario: sigue en pie la propuesta de una comisión bicameral que audite al Consejo.
  • Fuerzas Armadas: intervendrían en la protección de infraestructuras críticas solo si está amenazada la defensa nacional.
  • Acciones militares: el diputado Eduardo Falcone (MID) dijo a Perfil que se incorporará la autorización del Congreso, como pide el artículo 75 de la Constitución.

Cerca de Santiago Caputo, impulsor del proyecto, prefieren hablar de "mejoras" y no de cambios. "Solo ajustamos los artículos que estaban amplios o difusos para que no haya ninguna duda de su alcance", dijeron a La Nación.

El punto más discutido es el artículo 111. Prevé de 5 a 12 años de prisión para quienes, por cuenta de un Estado extranjero, alteren elecciones o manipulen la opinión pública con campañas de desinformación. Entidades de periodismo lo cuestionaron por el riesgo para la libertad de expresión.

Oscar Zago (MID), la radical Verasay y el misionero Herrera Ahuad pidieron reescribirlo o eliminarlo. "Si no lo hacen, por lo menos nosotros no vamos a acompañar ni en el dictamen ni en el recinto", dijo Zago a Perfil.

La interna oficialista y los números

El proyecto abrió tensiones en el Gobierno. El sector de Caputo sostiene que el texto debería votarse sin cambios. Otros funcionarios y el entorno de Menem están dispuestos a modificarlo para no tensionar con Washington. Ese cruce ya había quedado a la vista cuando Caputo negó que la ley estuviera congelada.

La diputada Silvana Giudici está a cargo del proyecto. El viernes 23 de octubre se reunió en la Casa Rosada con Caputo y con la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy. Cerca de Caputo dijeron a La Nación que el texto original ya tenía 135 apoyos y que con los ajustes llegaría a 140.

Qué sigue en Diputados

El martes 27 de octubre se reúne un nuevo plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores. En los cuatro plenarios anteriores, el oficialismo no consiguió las firmas para el dictamen.

Tres fuentes de La Libertad Avanza se mostraron pesimistas ante Perfil: "Hay que ver si están las firmas suficientes". La Nación también ve difícil el dictamen el martes. En la Casa Rosada, en cambio, no descartan llevar el proyecto al recinto el miércoles 28.

Si obtiene media sanción, el texto todavía deberá pasar por el Senado.

Lo que no coincide entre las fuentes

Sobre el artículo 111, La Nación informó que la nueva versión, ya en manos de los aliados, deja afuera los términos más ambiguos, como las "campañas de desinformación". Perfil, en cambio, sostiene que todavía no hay acuerdo y que el Gobierno solo analiza excluir al periodismo.