• Qué pasó: el Gobierno aceptó cambios en el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, conocido como Ley Malvinas, después de que Estados Unidos advirtiera por el impacto de las sanciones en sus empresas.
  • El cambio central: las sanciones alcanzarán a operadoras, licenciatarias, sus proveedores y accionistas directos de los proyectos en las islas. Quedan afuera los fondos de inversión indirectos.
  • Libertad de expresión: el delito de "desinformación masiva" pasa a ser "campaña de injerencia extranjera" y excluye de forma expresa al periodismo.
  • Qué sigue: el plenario de comisiones de Diputados se reúne el martes 27 de octubre a las 16. El oficialismo quiere el dictamen esa semana, pero no tiene aseguradas las firmas.

Qué dijo Estados Unidos

El jueves 22 de octubre, el vicesecretario de Estado Christopher Landau dio una conferencia de prensa junto al canciller Pablo Quirno, en el Palacio San Martín. Dijo que Washington está "viendo los intereses de nuestras empresas" y que es natural que cualquier país se preocupe por eso.

También aclaró que su país respeta "el proceso legislativo de la gran nación argentina". Al día siguiente, Milei recibió a Landau en la Casa Rosada. Según Infobae, en ese encuentro la delegación advirtió sobre las consecuencias de las sanciones para las empresas estadounidenses.

Quirno había desmentido antes una nota de Clarín sobre esa preocupación. En la conferencia, en cambio, dijo que "hoy existe una ley que el gobierno argentino considera que tiene que ser mejorada". Según Perfil, el embajador Peter Lamelas ya había advertido a funcionarios que empresas de su país podían dejar de invertir en la Argentina.

Por qué preocupa el proyecto a Washington

El Poder Ejecutivo envió el proyecto al Congreso el 17 de septiembre. Busca sancionar a las empresas que exploten recursos naturales de las islas sin autorización argentina.

En la mira está el proyecto petrolero Sea Lion, de la británica Rockhopper y la israelí Navitas. Pero en la redacción original, las penas también podían alcanzar a sus socios en otros negocios, incluidos fondos de inversión estadounidenses. Según La Nación, Washington consideró esa redacción demasiado laxa y pidió delimitar los tipos penales.

La presión no llega solo de Washington. El primer ministro británico, Andy Burnham, se quejó ante Trump por las "medidas coercitivas" de la Argentina.

Qué cambios aceptó el Gobierno

La nueva versión ya circula entre los despachos oficialistas y los aliados, según informaron La Nación e Infobae el lunes 26 de octubre. Todavía puede sumar ajustes en comisiones. Estos son los cambios principales:

  • Sanciones a empresas: alcanzan a operadoras directas, licenciatarias, sus proveedores y accionistas directos. A un proveedor se lo sanciona solo si sus bienes o servicios son indispensables para la actividad ilegal y conoce su destino.
  • Multas y penas: quien firme contratos con empresas sancionadas pagará de dos a cuatro veces el beneficio obtenido. Si no se puede calcular, de 2.000 a 40.000 barriles de petróleo, el doble de la escala original.
  • Proveedores esenciales: la pena mínima de prisión baja de cinco a dos años. Se suma un agravante por daños ambientales graves. Lo recaudado por multas irá al Ministerio de Defensa.
  • Injerencia extranjera: el nuevo delito exige actuaciones clandestinas, engañosas, coercitivas o ilícitas, y ocultar el vínculo con un agente extranjero. Las penas de 5 a 12 años de prisión se mantienen.
  • Quiénes quedan afuera de ese delito: el periodismo, la investigación académica, la actividad diplomática y la representación abierta de intereses.
  • Control parlamentario: se crea una Comisión Bicameral de Seguimiento, de cuatro diputados y cuatro senadores. El Consejo de Seguridad Nacional deberá informarle en 48 horas sanciones, medidas urgentes y rechazos de inversiones. La propuso Eduardo Falcone (MID).
  • Consejo de Seguridad Nacional: se suma el Ministerio de Seguridad como miembro permanente. Podrán ser convocados el presidente de Diputados, el presidente provisional del Senado y los gobernadores.
  • Seguridad interior: el Consejo no podrá intervenir, salvo para resguardar infraestructura crítica y en la protección marítima. Se precisan las competencias de la Prefectura y del Comando Conjunto Marítimo.
  • Acciones militares: si una medida implica riesgo de guerra o represalias, intervendrá el Congreso, como prevé el artículo 75 de la Constitución.

Según La Nación, la vicepresidenta Victoria Villarruel no figura entre los invitados al Consejo. Solo tendría lugar cuando deba reemplazar a Milei.

La Nación informó además un capítulo nuevo sobre inversiones de Estados extranjeros en defensa, telecomunicaciones, energía, hidrocarburos, minería e infraestructura crítica. El Consejo podrá revisarlas y el Presidente, rechazarlas o exigir la desinversión por decreto fundado. Quedan exceptuados los proyectos que pidieron entrar al RIGI antes de la ley.

Cerca de Santiago Caputo, impulsor del proyecto, prefieren hablar de "mejoras" y no de cambios. "Solo ajustamos los artículos que estaban amplios o difusos para que no haya ninguna duda de su alcance", dijeron a La Nación.

El punto más discutido era el artículo 111 del texto original, que en el nuevo borrador pasó a ser el 129. Entidades de periodismo lo habían cuestionado por el riesgo para la libertad de expresión.

Oscar Zago (MID), la radical Verasay y el misionero Herrera Ahuad habían pedido reescribirlo o eliminarlo. "Si no lo hacen, por lo menos nosotros no vamos a acompañar ni en el dictamen ni en el recinto", dijo Zago a Perfil. Según Infobae, también lo objetaron la UCR y Unión por la Patria.

La interna oficialista y los números

El proyecto abrió tensiones en el Gobierno. El sector de Caputo sostiene que el texto debería votarse sin cambios. Otros funcionarios y el entorno de Menem están dispuestos a modificarlo para no tensionar con Washington. Ese cruce ya había quedado a la vista cuando Caputo negó que la ley estuviera congelada.

La diputada Silvana Giudici está a cargo del proyecto. El viernes 23 de octubre se reunió en la Casa Rosada con Caputo y con la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy. Cerca de Caputo dijeron a La Nación que el texto original ya tenía 135 apoyos y que con los ajustes llegaría a 140.

Unión por la Patria y legisladores de Provincias Unidas siguen pidiendo dividir el proyecto en dos. De un lado quedaría Malvinas y, del otro, las reformas de inteligencia, defensa y seguridad. El oficialismo defiende tratarlo junto.

Qué sigue en Diputados

El martes 27 de octubre a las 16 se reúne un nuevo plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores, con exposiciones de especialistas. En los cuatro plenarios anteriores, el oficialismo no consiguió las firmas para el dictamen.

Según Infobae, hay versiones de que la reunión podría cambiar porque al oficialismo le cuesta reunir las firmas. Si no las consigue, el presidente de la Comisión de Defensa, Carlos Zapata, deberá convocar a otro encuentro.

En el bloque libertario se muestran confiados. Un diputado dijo a La Nación que, si el dictamen no sale el martes, saldrá el miércoles 28 o el jueves 29. Martín Menem quiere llevar el proyecto al recinto cuanto antes.

La negociación coincide con las elecciones de medio término en Estados Unidos, el martes 3 de noviembre. Según La Nación, los libertarios evalúan enviar una comitiva de diputados para respaldar a Trump. Si obtiene media sanción, el texto todavía deberá pasar por el Senado.

Lo que no coincide entre las fuentes

Sobre los accionistas, Infobae informó que las sanciones alcanzan a los accionistas directos y excluyen a los fondos de inversión indirectos. La Nación, en cambio, sostiene que también quedan exceptuados los accionistas minoritarios con hasta el 2% y los fondos sin poder de decisión sobre los activos.