La jueza federal Mariel Borruto admitió la intervención de la provincia de Tierra del Fuego en la causa judicial contra el proyecto petrolero Sea Lion y ratificó la vigencia de la medida cautelar que prohibió a las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum iniciar, continuar o ejecutar cualquier obra, como perforaciones, infraestructura submarina, unidades flotantes de producción y obras terrestres o portuarias de apoyo.
La resolución, firmada el 27 de octubre y notificada por cédula electrónica al día siguiente en un expediente impulsado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), formaliza una disputa procesal que se extendió por varias semanas: la Fiscalía de Estado de Tierra del Fuego había pedido ingresar a la causa, aunque lo hará con facultades acotadas: actuación accesoria y subordinada a la parte actora.
El fundamento central de la magistrada es que la Fiscalía de Estado no hizo valer en la causa una posición material diferenciada. Por el contrario, en su presentación del 23 de septiembre declaró concurrir “compartiendo con las asociaciones actoras (el CECIM y la Asociación Civil de Abogados, Abogadas y Profesionales Ambientalistas -AAdeAA-) el propósito de prevenir el daño ambiental de incidencia colectiva”, y reservó para otras vías las pretensiones sobre titularidad de recursos naturales, daños propios e indemnizaciones.
