Javier Milei terminó haciendo lo que durante meses había intentado evitar. Después de bloquear el debate parlamentario sobre discapacidad, resistir los reclamos de las organizaciones del sector y enviar al Congreso un proyecto de Presupuesto 2027 que insistía con los recortes, La Libertad Avanza levantó la mano para acompañar una ley que garantiza buena parte de las prestaciones que el propio Gobierno había puesto en discusión. No fue una conversión repentina a la política social. Fue el resultado de una negociación en la que el oficialismo se quedó sin margen para seguir dilatando el conflicto.
Sus aliados le habían advertido que no estaban dispuestos a acompañar nuevos ajustes y la oposición amenazaba con reunir los votos necesarios para imponerle otra derrota. Pero mientras el Gobierno buscaba una salida legislativa, la Justicia avanzaba sobre un problema todavía más delicado: la presunta red de corrupción que funcionó dentro de la hoy extinta Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el organismo que debía administrar los recursos destinados a las mismas personas a las que el Ejecutivo les discutía el financiamiento.
