La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), fiscalía especializada en delitos de funcionarios públicos, se presentó formalmente ayer en la causa $LIBRA: asumió el ejercicio de la acción que había declinado impulsar el fiscal Eduardo Taiano y apeló los sobreseimientos del presidente Javier Milei, su hermana Karina y los otros nueve acusados, dispuestos por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi el viernes pasado.
La PIA, encabezada por el fiscal Sergio Rodríguez, contradijo así la posición del fiscal Taiano y planteó que el expediente debe continuar abierto para esclarecer aspectos centrales del lanzamiento y posterior colapso de la criptomoneda. También interpuso un recurso de apelación en subsidio para el caso de que el pedido sea rechazado, con lo que dejó planteada la posibilidad de que la Cámara Federal revise el cierre que firmó el juez Martínez de Giorgi.
La intervención de la PIA respondió a una presentación que habían realizado el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), las dos organizaciones que participan en el expediente como “amicus curiae” (amigos del tribunal). Ambas habían reclamado que la PIA, como organismo especializado, asumiera directamente la persecución penal para evitar el cierre definitivo de una investigación que consideraban prematuro.
