La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, rechazó el pedido para acceder a una suspensión del juicio a prueba –una “probation”- del jefe de seguridad del complejo Nordelta, Claudio Ariel De Vincentis, acusado de haber alertado a uno de los dueños de la droguería Suizo Argentina, Jonathan Kovalivker, de que la policía iba a allanarlo en la causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
Para Arroyo Salgado, el proceder de De Vincentis fue mucho más grave que un entorpecimiento simple de un procedimiento judicial por el que se encontraba procesado y había solicitado una “probation”. ¿Por qué? Porque para la magistrada, el comisario retirado de la Policía Federal habría cometido un encubrimiento doblemente agravado, por la gravedad del delito precedente y por su condición de funcionario público.
La decisión de Arroyo Salgado colocó a De Vincentis ante un horizonte judicial mucho más sombrío. Estaba procesado por desobediencia, estorbo de un acto funcional y encubrimiento simple, lo que le permitía un juicio correccional ante un solo juez con una pena máxima de tres años -y, por tanto, sin pisar una celda-. Pero ahora, Arroyo Salgado dispuso remitir la causa a los tribunales orales federales de San Martín, donde el imputado enfrentará un juicio colegiado y el riesgo de una pena de hasta 6 años de prisión efectiva.
