• Qué pasó: el viernes 23 de octubre, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi sobreseyó al presidente Javier Milei, a su hermana Karina y a otras nueve personas en la causa por la criptomoneda $LIBRA.
  • Por qué: consideró que los hechos “no encuadran en una figura legal”: ni estafa, ni abuso de autoridad, ni negociaciones incompatibles con la función pública.
  • Cómo se llegó: lo pidió el propio fiscal, Eduardo Taiano. En un año y ocho meses de investigación, ningún acusado fue llamado a indagatoria.
  • Qué sigue: sin querellantes, solo podía apelar el fiscal, que pidió el cierre. Los inversores apartados esperan una respuesta de Casación. Cuando el fallo quede firme, el expediente se archiva.

La resolución tiene 60 páginas y la firmó el titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal 8. Se apoya en el artículo 336, inciso 3, del Código Procesal Penal de la Nación: el sobreseimiento cuando el hecho investigado no constituye delito.

El juez aclaró, como prevé esa norma, que la formación del proceso “no afecta el buen nombre y honor” de los imputados.

Quiénes fueron sobreseídos

  • Javier Gerardo Milei, presidente de la Nación.
  • Karina Elizabeth Milei, secretaria general de la Presidencia.
  • Hayden Mark Davis, empresario estadounidense que lanzó el token.
  • Mauricio Gaspar Novelli y Manuel Terrones Godoy, los traders señalados como nexo entre Davis y el Gobierno.
  • Sergio Daniel Morales, exasesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV).
  • Chyi Haur Peh, conocido como Julian Peh, de Kip Protocol.
  • María Alicia Rafaele y María Pía Novelli, madre y hermana de Novelli.
  • Camilo Rodríguez Blanco y Orlando Mellino, intermediarios.

Qué dice el fallo

Sobre la estafa, el juez sostuvo que no se acreditó “un engaño penalmente relevante”. Admitió que la investidura de Milei pudo darle al token “una repercusión y una visibilidad particulares”. Pero dijo que eso no equivale a “un ardid defraudatorio”, según la resolución citada por La Nación.

También advirtió contra deducir una maniobra solo a partir de quién ganó y quién perdió. Según la propia resolución, unas pocas billeteras retiraron cerca de US$100 millones y más de 40.000 compradores perdieron dinero. El juez no negó esa disparidad, pero entendió que no prueba por sí sola una estafa.

Para descartar el abuso de autoridad tomó un informe de la Oficina Anticorrupción. Ese organismo había concluido que el posteo presidencial fue un acto “individual o privado”, sin uso de recursos públicos.

Sobre Karina Milei y el supuesto tráfico de influencias, relativizó la prueba hallada en el teléfono de Novelli. Allí había una “oferta irrevocable” de Kelsier Group, sin firmas. También una nota, en inglés, que decía “este es el acuerdo final según lo discutido con H.”, que no se probó que se hubiera enviado.

El juez también restó valor a los informes de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico (DATIP). Invocó un sumario que dio por probado “un ingreso indebido” de una empleada a documentación reservada del caso. No anuló esos informes.

Los argumentos del fiscal

Taiano planteó que no hubo estafa porque el proyecto existió, el token se emitió y las operaciones fueron públicas y trazables en la red. Según Clarín, que accedió a la resolución, el fiscal sostuvo que las pérdidas “no resultan suficientes, por sí solos, para configurar una estafa”. Y recordó que las memecoins son un mercado de “alta volatilidad”.

El fiscal se apoyó además en dos decisiones de Estados Unidos:

  • Departamento de Justicia: rechazó un pedido de asistencia de la Justicia argentina. Consideró insuficientes los elementos para acreditar una conexión entre los investigados y los delitos denunciados.
  • Tribunal de Nueva York: la jueza Jennifer Rochon, del Distrito Sur, desestimó la demanda colectiva de inversores contra Davis y otros. No se pronunció sobre los hechos, sino sobre la viabilidad de la demanda.

Cómo empezó la causa

El 14 de febrero de 2025, a las 19.01, Milei promocionó $LIBRA en su cuenta de X y difundió el código del contrato para comprarla. La presentó como una iniciativa para financiar empresas argentinas.

El precio se disparó y luego se derrumbó en pocas horas. Unas cuatro horas después del posteo, Milei lo borró y dijo que no estaba “interiorizado de los pormenores del proyecto”. Las pérdidas dieron origen a denuncias penales en Comodoro Py y a una comisión investigadora en Diputados.

Por qué ya casi nadie puede apelar

El 3 de julio, Martínez de Giorgi apartó como querellantes a los inversores que habían denunciado la estafa, a pedido de la defensa de Novelli. La Sala I de la Cámara Federal confirmó esa exclusión el 4 de septiembre.

Sin querellantes, el único que podía apelar era el fiscal, que fue quien pidió el cierre. El propio juez lo dice en la resolución: “no existe una pretensión acusatoria autónoma” que sostenga el proceso. Perfil calcula que el sobreseimiento quedará firme en pocos días.

Queda un frente abierto: los inversores apartados pidieron a la Cámara Federal de Casación Penal que los reincorpore al expediente, según La Nación. Al cierre de esta nota no se conocía una respuesta.

Las reacciones

Milei celebró el fallo en X. “¿Y ahora quién me compensa por un año, ocho meses y nueve días de mentiras, calumnias e injurias buscando manchar mi buen nombre y honor?”, escribió. Por la noche volvió sobre el tema en la cena de la Fundación Faro, con ataques a periodistas.

El asesor Santiago Caputo la llamó “la causa más pelotuda de la historia” y cerró su posteo con un insulto a quienes la impulsaron. El ministro de Economía, Luis Caputo, escribió que “la justicia americana falló igual que la argentina, incluso bastante antes”.

En la oposición, el diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), que presidió la comisión investigadora, habló de “una clara operación judicial planificada de encubrimiento e impunidad”. Juan Grabois lo calificó como “una prueba más de la impunidad obscena del poder”.

El diputado radical Pablo Juliano recordó una designación. El 15 de julio, doce días después de que el juez apartara a los querellantes, el Boletín Oficial publicó el decreto 589/2026. Nombró jueza federal de Hurlingham a Ana María Cristina Juan, a quien Perfil identifica como esposa de Martínez de Giorgi.

La Cámpora vinculó el fallo con el archivo de la causa contra Macri y Caputo por el crédito del FMI, conocido esa misma semana. El Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE), que actúa como amigo del tribunal, calificó el sobreseimiento como “una decisión prematura”.