Con un final previsto para el último trimestre de 2027, el juicio por Hotesur y Los Sauces contra la expresidenta Cristina Kirchner y su hijo, el diputado Máximo Kirchner, se convertirá en una vidriera política que atravesará e impactará en el año electoral. No sólo porque el líder de La Cámpora se menciona como posible candidato en varios escenarios que analiza el peronismo, sino porque su madre busca también que el Comité de Derechos Humanos de la ONU dictamine en contra de su inhabilitación política.
Para la acusación, sin embargo, el caso expone un manual de lavado de dinero. Según el fiscal Diego Velasco, la plata salía de la obra pública que el Estado le daba a Lázaro Báez y de los beneficios fiscales que recibía el grupo de Cristóbal López. El negocio que la limpiaba eran alquileres de departamentos y de hoteles de la familia Kirchner.
El 31 de mayo de 2003, seis días después de asumir la presidencia, Néstor Kirchner y Cristina Kirchner le firmaron a su hijo Máximo un poder para manejar todos sus bienes. Con ese papel, Máximo vendió, compró, alquiló y pidió préstamos en nombre de sus padres durante más de una década. Por eso es una figura central del caso Hotesur y Los Sauces.
El requerimiento de elevación a juicio de los fiscales que instruyeron el caso, Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, empezó a leerse el viernes en la primera audiencia del juicio oral y la lectura seguirá este lunes.
