Este escenario ha propiciado que el Gobierno haya decidido introducir una nueva regulación más estricta que la actual en materia de consumo de agua, electricidad, e, incluso, en el ámbito de la ciberseguridad. No obstante, la aprobación de estas reglas conllevaba riesgos: si las nuevas normas eran demasiado restrictivas, algunos de los proyectos que iban a ser desplegados en España podrían acabar apostando por otros destinos.
La industria ha expresado su preocupación ante la posibilidad de que la nueva normativa perjudique la competitividad de España como destino de inversiones en infraestructura digital. Y esta respuesta ya tiene consecuencias. Según Reuters, el Gobierno ha decidido suavizar su regulación de los centros de datos para facilitar las inversiones sin renunciar a sus objetivos energéticos y medioambientales. Además, no propone una flexibilización cosmética; la nueva regulación es mucho más permisiva en lo que se refiere al umbral de potencia máximo de estas instalaciones.
El borrador de decreto del Gobierno exige a los operadores de los centros de datos que estén establecidos en la Unión Europea, y también que los datos y los metadatos que administren permanezcan dentro de la Unión. Para lograrlo, tendrán que habilitar mecanismos que permitirán controlar el acceso desde terceros países. Y, además, aquellas instalaciones que gestionen datos procedentes de entidades públicas o involucrados en la seguridad nacional estarán sometidas a controles más estrictos.
