Los tambores de guerra no suenan, ni por casualidad, como en aquellos convulsionados días de fines de marzo de 1982, cuando el gobierno de facto preparaba la incursión militar que llevaría adelante el 2 de abril de ese año.
Pero el vínculo bilateral entre los gobiernos de Argentina y Gran Bretaña atraviesa hoy uno de sus períodos más complicados desde aquella guerra, con la soberanía de las Islas Malvinas como inevitable marco de referencia y la polémica por la explotación de recursos naturales por parte de un consorcio británico-israelí como origen y fuente del actual conflicto.
Luego de la inédita denuncia del gobierno de Javier Milei ante el Tribunal del Mar de Hamburgo contra el proyecto Sea Lion, y la durísima respuesta británica, que incluyó el aval explícito a las tareas de esas mismas empresas y la definición de la Argentina como “socio no confiable”, el pronóstico del vínculo, coinciden expertos de distintas líneas políticas, es reservado. La relación tendrá en las próximas semanas varios desafíos importantes, como el inicio formal del comercio marítimo entre Malvinas y la localidad chilena de Punta Arenas.
