A casi diez meses de la primera revelación de LA NACION sobre las transferencias de la empresa TourProdEnter, que administró los fondos de la AFA en Miami desde 2021, la Justicia argentina todavía no pudo obtener las pruebas de manera directa. La fiscal de instrucción Silvana Russi, que investiga la supuesta defraudación, insistió esta semana ante la jueza Paula Petazzi para que envíe un exhorto a Estados Unidos. El objetivo es conseguir información societaria y financiera de la firma de Javier Faroni, pero también del presidente y del tesorero de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia y Claudio Toviggino, según consta en el expediente.
El ida y vuelta lleva más de dos semanas. El viernes, la jueza Petazzi le respondió a la fiscal que el pedido no cumple con los requisitos que prevé el Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales celebrado entre Argentina y Estados Unidos de 1992. “Resulta necesario contar antes con una descripción de los hechos materia de investigación y con una demostración de cómo la producción de las medidas peticionadas permitiría avanzar en la investigación”, argumentó la jueza. Y agregó que las personas apuntadas, es decir, Tapia, Toviggino y Faroni, se “encuentran dentro de un ámbito de privacidad y de confidencialidad constitucionalmente protegido”.
