La mejor y la peor noticia de la semana para Javier Milei ocurrieron en el mismo instante. A las 14.31 del jueves, Martín Menem anunció el fracaso por falta de quorum de la sesión convocada por la oposición para voltear el DNU 70/2023, columna vertebral del programa libertario. Había 121 diputados sentados, apenas 8 menos de los necesarios para abrir el debate. El alivio y los festejos oficialistas se mezclaban con el susto de comprobar lo cerca que puede estar el Gobierno de una crisis mayúscula.
La coreografía de ese acto parlamentario anticipa la dinámica del juego político en los 12 meses que restan hasta las elecciones: un presidente a la defensiva, un peronismo sin liderazgo ni programa reconocible pero que sabe cómo esmerilar a su rival de turno y un conjunto de gobernadores que se crecen en la incertidumbre, entrenados para monetizar su poder de desempate.
Una sucesión de hechos y gestiones permitió salvar el decreto fundacional del mileísmo. Primero, una intervención exprés de la Corte Suprema que repuso de manera cautelar la vigencia de la ley que limita la compra de terrenos rurales por parte de extranjeros. Después, la firma de un dictamen presentado por el radicalismo para revalidar la ley de tierras en otro proyecto, el de “inviolabilidad de la propiedad privada”. Y, en el medio, la trama de negociaciones y giros discrecionales a provincias aliadas y no tanto que se tradujo en un goteo de ausencias en el recinto de la Cámara de Diputados.
