Pero esa recuperación costó sangre, sudor y lágrimas. Bueno, es un decir: supuso un enorme gasto de dinero, conflictos y mucha polémica sobre el precio de mantener la biodiversidad. Esa es la pregunta que se discutió hasta ayer 30 de octubre en la cumbre de biodiversidad de la ONU en Ereván: quién decide qué especies se salvan y quién asume los costes. Y en esa conversación falta alguien clave: las comunidades locales y los pueblos indígenas. Son quienes más sufren las consecuencias, pero su papel en la toma de decisiones es testimonial.
Queremos salvar especies pero no sabemos cómo. En 2022 los países firmaron el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, que tiene como objetivo proteger el 30 % de tierras y mares del planeta, detener las extinciones causadas por el ser humano y reunir 200.000 millones de dólares al año hacia 2030. En ese acuerdo no se decide qué especies salvar, pero sí que orienta las prioridades nacionales y hacia qué se destinan los fondos.
La cara B de la conservación. Volvamos al caso del cóndor porque es el ejemplo ideal para ilustrarlo: pasó de 22 aves en 1982 a más de 600 y en el camino hubo críticas por el coste, por las restricciones de uso del suelo en comunidades rurales y por la oposición de grupos de caza a la prohibición de usar munición con plomo, una de las principales causas de muerte de la especie por envenenamiento.
